Puede sonar a redundante, pero la realidad sobre el atún rojo es que el comienzo de las almadrabas de Cádiz están marcadas en este color en el calendario. Más allá de la fiesta gastronómica que suponen, la pesca del túnido por excelencia de las costas gaditanas a finales de abril es el momento más esperado del año, por relevante en lo gastronómico y, sobre todo, en lo económico.
Pero 2025 va a trompicones y la situación, de la que dependen más de 500 pescadores y que genera en localidades como Barbate, Conil de la Frontera y Tarifa decenas de empleos, que la Junta de Andalucía cifra en más de 6.000 indirectos, corre el riesgo de encallarse en lo que a atún rojo se refiere.
Una huelga de Inspectores de Pesca Marítima, un cuerpo de funcionarios que depende del ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, puesta en marcha desde el pasado mes de febrero ha sido el detonante de una situación que ha ido trastabillando otras pesquerías en lo que va de año.
Hartos de lo que consideran una situación laboral inaceptable, los inspectores de pesca han secundado paros totales de su actividad desde hace varios meses, incluyendo manifestaciones frente a la sede ministerial en Madrid. Sin embargo, el ruido mediático ha alcanzado su máxima repercusión ahora que se están viendo, en determinadas zonas, las orejas al atún rojo y no al lobo.
Lo cierto es que la huelga del cuerpo de Inspectores de Pesca Marítima es la tercera en dos años, aunque la que dio comienzo el pasado mes de febrero es la primera indefinida que sostienen los 170 efectivos que componen este cuerpo que ahora clama por sus derechos.

Algo que explicaba a la perfección Carolina Martínez ya en 2023, presidenta por aquel entonces de la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca (APIPES), ejemplificando que algunas de sus tareas, a pesar de lo variado del trabajo, es "estar a pie de muelle controlando las descargas de los barcos a su llegada a puerto y el pesaje de las capturas en lonja con el fin de garantizar la correcta declaración de los kilos capturados y permitir la posterior trazabilidad del pescado".
También, añadía entre sus tareas la verificación de "que las capturas cumplen con las tallas mínimas exigidas y que los artes de pesca respetan los requisitos técnicos establecidos".

Una problemática que ya se está sufriendo en puertos del Cantábrico, donde han comenzado las costeras de la caballa y de la anchoa, en las que ya se están presentando denuncias en varios puertos por irregularidades.
Misma realidad que Antonio Lucena, representante de CCOO en el comité de esta huelga, denunciaba que "trabajamos 24 horas al día, siete días a la semana en puerto, embarcados, no tenemos un trabajo corriente de oficina" y que eso exige una retribución correcta, además del reconocimiento de la situación.

Ese reconocimiento, en parte, también va a advertir y comprender los riesgos del trabajo. "Hacemos abordajes desde patrulleros hasta los pesqueros que vamos a inspeccionar y esto comporta unos riesgos importantes", advertía Lucena, insistiendo en que, además, sufren "golpes, caídas, acoso y situaciones peligrosas de agresión".
La situación ha llegado en un momento clave que ha dejado entre medias a otras campañas pesqueras y que ahora pone el foco en el atún rojo. Tanto como para que los alcaldes de los tres municipios almadraberos de Cádiz hayan comparecido de manera conjunta ante los medios advirtiendo que "las almadrabas no pueden esperar".
El compromiso de los inspectores es rotundo y el apoyo de los consistorios también. Ludi Rueda, actual presidenta de APIPES, explicaba que la intención de su colectivo es "volver a la normalidad, a nuestros puertos" pero lamenta la falta de voluntad política en el ministerio, así como en la consejería de pesca, recordando que ni ella ni sus compañeros quieren "una huelga indefinida, pero hemos visto que por la vía del diálogo no conseguimos nada".

Por eso reivindican que se reconozca que este cuerpo de inspectores trabaja en horarios especiales y que su realidad laboral dista mucho de la de un oficinista. Un hecho que contrasta con el mismo sos que lanzan los ayuntamientos gaditanos involucrados, donde protestan porque "no se puede consentir que la falta de diálogo perjudique a un sector del que dependen cientos de familias en nuestras localidades".
Miguel Molina, alcalde de Barbate, cataloga la no apertura de las almadrabas como "una hecatombe de dimensiones estratosféricas". La huelga, además, que ya ha afectado a otras pesquerías como las del Mediterráneo, apunta a que la falta de inspectores se traduce en falta de controles que garantice la talla del pescado, el tipo de redes y, lo que es evidente, en el precio de las especies que acabarán llegando al mercado.

Entre medias, el componente político también salpica a la polémica. Los sindicatos CCOO y ELA acusan al ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de no dialogar, por lo que piden la intermediación directa del Gobierno, como también reclaman los ayuntamientos de Cádiz afectados por las dudas sobre si se podrá abrir la temporada del atún rojo.
En esa vorágine, la Junta de Andalucía ha ofrecido a sus inspectores de pesca, dependientes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para paliar la situación. Al mismo tiempo que José Manuel Martínez Malia, barbateño y director general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, insta al gobierno central a revisar la actual distribución de cuotas para la captura del atún rojo ante la "aparente abundancia de esta especie en el Golfo de Cádiz".
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